punto de encuentro
Vía Expresa Sur: la obra que enfrenta al alcalde López Aliaga con el Gobierno y la opinión públi
La ampliación de la Vía Expresa Sur fue presentada por la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga como una solución histórica para la movilidad limeña. El proyecto cinco kilómetros para conectar la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur prometía reducir drásticamente los tiempos de viaje entre los conos norte y sur. Pero tras dos años de ejecución, múltiples advertencias técnicas, disputas internas, denuncias ciudadanas y decisiones políticas abruptas han dejado al proyecto en un estado de incertidumbre.
Advertencias formales y falta de permisos esenciales
La Contraloría General de la República advirtió que la obra se inició sin contar con una certificación ambiental vigente, un requisito indispensable para cualquier intervención de esta magnitud. Esto llevó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a iniciar un proceso sancionador contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), no por una oposición al proyecto, sino por el incumplimiento de obligaciones normativas.
La Contraloría también identificó deficiencias en el expediente técnico incompleto o inexistente en algunas fases, lo que compromete la planificación, la seguridad y la viabilidad financiera de la obra. La República reveló que el portafolio de obras viales del que forma parte el proyecto acumulaba numerosas observaciones vinculadas a fallas de ingeniería, brechas en los estudios preliminares y riesgos de retrasos y sobrecostos.
El panorama se agravó cuando se filtró un informe interno de EMAPE, firmado por tres funcionarios. El documento advertía sobre sobrecostos, falta de estudios geológicos y de suelo, y la inexistencia de un expediente técnico integral. Tras elevar el reporte, dos de ellos fueron despedidos y un tercero habría sido presionado para renunciar, sugiriendo un clima de represalias ante denuncias técnicas.
Avances inaugurados sin sustento técnico
La Municipalidad aseguró que el proyecto había alcanzado más del 90 % de avance físico, destacando la apertura de carriles auxiliares y tramos asfaltados. Sin embargo, ese optimismo contrasta con lo que observan los vecinos: no existe señalización completa, faltan semáforos y hay zonas sin iluminación, lo que hace que los avances exhibidos no puedan considerarse operativos.
Sin un expediente técnico definitivo, los progresos físicos carecen de soporte real. No hay garantías sobre la viabilidad estructural, la planificación de drenajes, la seguridad vial, las interferencias pendientes ni la compatibilidad de los diseños con el terreno. Para los especialistas, se trata de avances más promocionales que funcionales.
Renuncia del exalcalde y una gestión marcada por la improvisación
El proyecto quedó inconcluso tras la renuncia de López Aliaga para postular a la presidencia. Su salida anticipada interrumpió procesos administrativos, impidió la consolidación de un equipo técnico estable y dejó en evidencia una ejecución sin continuidad ni planificación. Durante su gestión se realizaron intervenciones y remociones de terrenos sin contar con un expediente definitivo, lo que derivó en sanciones y cuestionamientos públicos.
Diversos informes periodísticos indican que hubo decisiones apresuradas orientadas a mostrar avances simbólicos sin completar los procedimientos básicos. También se cuestionaron contrataciones, órdenes de servicio vinculadas a figuras cercanas a su partido y la polémica entrega de la operación de trenes sin concurso público.
Desalojos con impactos sociales y sin mecanismos de compensación
En Barranco, Surco y San Juan de Miraflores se realizaron desalojos que afectaron a cerca de 50 familias y tres instituciones educativas. Vecinos y afectados denuncian que no hubo consulta previa, no se ofrecieron medidas de compensación, y que comercios y viviendas fueron demolidos bajo el argumento de “recuperación de espacios públicos”.
A diferencia de lo que sostiene la Municipalidad que considera las ocupaciones como irregulares, son principalmente los vecinos organizados quienes califican a los desplazados como “invasores”. Esta tensión social dificulta cualquier proceso de reconocimiento, reubicación o diálogo, y ha generado un clima de hostilidad en las zonas intervenidas.
Permisos pendientes y la narrativa del “bloqueo político”
Aunque la gestión municipal afirmó que el MTC “ponía trabas”, lo cierto es que el ministerio no se opuso al proyecto: simplemente aplicó sanciones por intervenciones realizadas sin permiso ambiental ni expediente técnico concluyente. No hubo un conflicto político real, sino un incumplimiento administrativo.
Este caso evidencia cómo la obra avanzó de manera fragmentada, sin coordinación interinstitucional y sin respetar etapas fundamentales de planificación. La falta de permisos no es un detalle burocrático: sin ellos se generan paralizaciones, sobrecostos futuros, litigios y pérdida de confianza ciudadana.
Un discurso más político que técnico
López Aliaga presentó la Vía Expresa Sur como símbolo de modernización y eficiencia, y como un estandarte de su lucha contra la corrupción y los peajes. Sin embargo, sus declaraciones minimizaron la complejidad de la obra, describiendo los tramos pendientes como simples labores de asfaltado, y calificando al MTC de “mafia del expediente técnico”.
Este discurso no reflejaba la dimensión real del proyecto ni la necesidad de un enfoque técnico. La obra se convirtió en una herramienta de posicionamiento político, especialmente en el tramo final de su gestión y durante su renuncia para postular a la presidencia.
Los beneficiarios invisibles
La Municipalidad sostuvo que más de siete millones de limeños se verían beneficiados con la nueva vía. Pero vecinos de las zonas intervenidas afirman que, por ahora, la obra ha incrementado la congestión y la inseguridad. Además, los desplazados no están siendo reconocidos como damnificados y carecen de rutas claras de compensación o reubicación.
En términos políticos, el proyecto tampoco generó los beneficios esperados: los medios reportaron irregularidades, y la percepción pública terminó marcada por cuestionamientos más que por logros.
Balance: una promesa inconclusa en manos de la improvisación
La Vía Expresa Sur tenía potencial para convertirse en infraestructura clave para la ciudad. Pero hasta hoy carece de un expediente técnico completo, no cuenta con señalización total ni garantías de ejecución final, y el diseño definitivo no ha sido formalizado. No hay certeza de que la obra final se corresponda con los renders 3D ampliamente difundidos.
El desenlace plantea una pregunta de fondo:¿cómo puede aspirarse a dirigir un país cuando la gestión municipal evidencia fallas en procesos técnicos, legales y de planificación?La obra permanece inconclusa, la confianza ciudadana se ha debilitado y la ciudad enfrenta los costos sociales y urbanos de una ejecución acelerada sin bases sólidas.Más que unir Lima, la Vía Expresa Sur se ha convertido en un símbolo de la improvisación, la falta de transparencia y el uso político de la infraestructura pública.
Un aspecto que también debe considerarse es el impacto urbano que genera una obra de esta escala sin una planificación integrada. La ampliación de la Vía Expresa Sur debió contemplar un enfoque de movilidad sostenible que articule transporte público, ciclovías, rutas peatonales y zonas de integración con los distritos colindantes. Sin un diseño urbano holístico, el riesgo es que se construya únicamente un corredor para vehículos privados sin resolver el problema estructural del tráfico limeño: la dependencia del auto, la falta de interconexión entre sistemas y la ausencia de un transporte masivo eficiente.
A esto se suma que una obra inconclusa no solo afecta la circulación, sino que genera “zonas muertas”, espacios residuales inseguros y barreras urbanas que fragmentan los barrios. La falta de señalización, iluminación y accesos definidos termina convirtiendo la infraestructura en un elemento que degrada el entorno en lugar de mejorarlo. El costo urbano de estas omisiones aún no ha sido cuantificado.
Texto de Opinión
Vía Expresa Sur: más figura política que solución real
La Vía Expresa Sur es una evidencia más de lo que ocurre cuando el poder municipal se convierte en plataforma personal en lugar de herramienta de transformación social. Bajo la gestión de Rafael López Aliaga, este proyecto parece estar impulsado más por la urgente necesidad de visibilidad que por un diagnóstico profundo de las necesidades de la ciudad.
Primero, la renuncia del alcalde a su puesto (para postular a la presidencia) deja una señal clara: Lima queda a un lado en función de una campaña personal. Y el anuncio de una megaobra visible parece responder a ese impulso: “mira lo que voy a hacer”, más que “mírate lo que hemos pensado juntos”.
Segundo, el hecho de que se empiece a avanzar sin que todos los papeles técnicos estén claros me parece inadmisible. Ya se ha reportado oficialmente que el proyecto no contaba con expediente técnico aprobado al inicio de muchos trabajos. (Exitosa Noticias) Eso quiere decir que los vecinos afectados, las familias que serán expropiadas o trasladadas, quedaron en una situación de vulnerabilidad: sin información completa, sin un proceso plenamente transparente, sin garantía suficiente de que se les compense o se les explique bien.
Tercero, la falta de notificación y consulta a las comunidades pone en cuestión la legitimidad del proyecto. Hay denuncias de viviendas multadas o expropiadas en distritos como Surco sin previo aviso adecuado, sin negociaciones aparente o sin compensaciones claras. (El Comercio Perú) Si un alcalde se preocupa por la ciudad, no puede dejar a las familias “para después”, como si su vida cotidiana fuera un daño colateral del anuncio. Es justamente esa falta de consideración la que evidencia que la prioridad no es la gente, sino el “proyecto con nombre”.
Finalmente, inaugurar tramos incompletos —o al menos visible como “ya listo para la foto” cuando falta señalización, semáforos, pasos peatonales, seguridad vial — resulta irresponsable desde el punto de vista ciudadano. ¿De qué sirve inaugurar si los usuarios están en riesgo? Las denuncias de ausencia de señalización, semáforos y riesgo peatonal lo demuestran. (La República) En mi opinión, esto deja ver que la prioridad fue “la foto” antes que “la funcionalidad”.
En resumen: Lima no necesita más avenidas para autos estrenadas con bombos y platillos, sino que las familias que viven en los distritos del sur tengan transporte público digno, vías seguras, procesos transparentes y participación real. La Vía Expresa Sur, bajo el enfoque que percibo, es símbolo de un alcalde que quiere figurar más que de uno que quiere transformar.
Texto Editorial
La Vía Expresa Sur y la urgencia de una Lima que se piense antes de construirse:
La reciente inauguración parcial de la Vía Expresa Sur vuelve a poner sobre la mesa un viejo dilema limeño: ¿construimos ciudad o simplemente mostramos obras? Lo ocurrido bajo la gestión de Rafael López Aliaga refleja una tendencia preocupante en la política urbana del país: las grandes infraestructuras convertidas en vitrinas personales, más que en respuestas planificadas a las verdaderas necesidades de la población. Lima necesita planificación y diálogo, no solo cemento y cámaras.
El inicio de la obra sin contar con un expediente técnico completamente aprobado es una señal grave de improvisación institucional. Así lo advirtieron diversos medios y especialistas, al confirmar que los estudios de impacto ambiental, suelos y seguridad vial no estaban concluidos cuando ya se habían iniciado las demoliciones y liberaciones de predios. Estas decisiones no solo vulneran normas básicas de gestión pública, sino que también afectan directamente a cientos de familias que, de un día para otro, ven desaparecer su vivienda o su entorno sin claridad sobre su compensación o reubicación.
Aún más preocupante es el uso político de la infraestructura como herramienta de proyección personal. La renuncia del alcalde para postular a la presidencia, en paralelo con la presentación mediática de una “megaobra”, deja en evidencia un manejo comunicacional más que técnico. Se inauguran tramos incompletos, se anuncian beneficios aún no garantizados y se minimizan los riesgos viales reportados. Es la lógica del “mostrar para ganar” en lugar del “planificar para servir”. Lima, una ciudad históricamente fragmentada, no puede seguir siendo el escenario de ambiciones individuales.
La Vía Expresa Sur podría haber sido una oportunidad para reconciliar el desarrollo urbano con la justicia social. Sin embargo, la falta de transparencia, la débil participación ciudadana y la ejecución apresurada la convierten, por ahora, en un símbolo de lo que no debe repetirse. Si queremos una capital moderna, sostenible y equitativa, los próximos gobiernos locales deberán entender que construir ciudad empieza por escuchar a sus ciudadanos, no por apresurarse a cortar cintas.
La Vía Expresa Sur: progreso para pocos, molestia para muchos:
Aunque fue anunciada como la gran solución al caos del tránsito limeño, la Vía Expresa Sur se ha convertido en el ejemplo más reciente de cómo las obras públicas en el Perú terminan siendo más un instrumento político que un verdadero proyecto de desarrollo urbano. Bajo la gestión de Rafael López Aliaga, esta iniciativa —que prometía conectar los distritos del sur con el centro en menos tiempo— ha generado más congestión, confusión y malestar entre los vecinos de Surco, Barranco y Chorrillos, donde los efectos de la improvisación se sienten todos los días.
La obra fue inaugurada a fines de julio de 2025 en medio de anuncios grandilocuentes, pero sin estar realmente concluida. Faltaban señalizaciones, semáforos y pasos peatonales; incluso varios cruces seguían sin asfaltar. Según Infobae y La República, muchos tramos funcionan aún con semáforos comunes, lo que contradice la esencia de una “vía expresa”. El resultado: embotellamientos diarios, esperas de hasta 50 minutos para avanzar pocos metros y un tránsito más desordenado que antes. Lo que debía agilizar la movilidad terminó por colapsar zonas ya saturadas, especialmente en Surco, donde los vecinos denuncian caos, contaminación y pérdida de espacios públicos.
Más grave aún es la forma en que se ejecutó el proyecto. Investigaciones de medios locales revelaron que la obra empezó sin contar con un expediente técnico completo ni con certificación ambiental vigente. Funcionarios de EMAPE denunciaron sobrecostos, falta de estudios geológicos y despidos de quienes alertaban las irregularidades. Aun así, la Municipalidad de Lima siguió adelante, amparándose en declaraciones de “interés metropolitano” y “emergencia”, lo que redujo los controles institucionales y permitió avanzar sin la debida fiscalización. En otras palabras: se priorizó la rapidez y la visibilidad por encima de la planificación técnica.
La ausencia de participación ciudadana también ha sido evidente. Vecinos afectados aseguran no haber sido consultados ni informados con claridad sobre expropiaciones, reubicaciones o compensaciones. Las familias que viven a lo largo del trazo de la vía tuvieron que lidiar con ruidos, polvo, contaminación y pérdida de áreas verdes sin un canal oficial de diálogo. Lima, una ciudad que ya sufre de fragmentación y desigualdad urbana, vuelve a enfrentar una política pública que decide desde el escritorio y no desde la realidad de sus habitantes.
Desde el punto de vista político, la Vía Expresa Sur simboliza una gestión que busca más figurar que transformar. La renuncia de López Aliaga a la alcaldía para postular a la presidencia solo refuerza esa lectura: el proyecto fue utilizado como vitrina electoral, como una obra “para la foto” más que para resolver los verdaderos problemas de movilidad. Cada tramo inaugurado, cada conferencia de prensa o promesa de “modernidad” sirvió para construir una narrativa de eficiencia que no se sostiene frente a los hechos.
El impacto urbano también refleja una desigualdad de prioridades. Mientras se invierte en vías para vehículos privados, el transporte público masivo sigue relegado. El supuesto progreso termina beneficiando a quienes tienen auto propio, mientras los demás enfrentan desvíos, falta de paraderos seguros y una ciudad cada vez más hostil para el peatón. En lugar de una infraestructura equitativa, se consolida una Lima diseñada para el automóvil, no para las personas.
En definitiva, la Vía Expresa Sur no es solo una obra inconclusa; es el espejo de una forma de hacer política en el Perú. Una política que confunde gestión con espectáculo, velocidad con eficiencia, cemento con progreso. Si Lima quiere ser una ciudad moderna y justa, sus autoridades deben dejar de gobernar para la cámara y empezar a gobernar para la gente. Porque una vía que promete unir el sur con el centro no puede construirse a costa de dividir a la ciudad y desconectar a sus ciudadanos.
Texto de Crítica
La gestión de Rafael López Aliaga respecto a la Vía Expresa Sur presenta una serie de deficiencias que merecen un análisis más profundo y riguroso. A continuación detallo los principales elementos de esta crítica.
- Expediente técnico y planificación incompleta
El exalcalde Jorge Muñoz confirmó que la municipalidad no tenía aprobado el expediente técnico para la obra al momento de iniciar liberaciones de predios y demoliciones. (Exitosa Noticias)
Por su parte, en enero de 2025 se informó que la buena pro para la elaboración del expediente técnico recién había sido otorgada a un consorcio. (La República)
En agosto de 2025 se publicaron denuncias de trabajadores del organismo municipal que señalaron la inexistencia de estudios de suelos, geológicos e impacto ambiental en el proyecto. (La República)
Esto sugiere una ejecución de obra bajo la modalidad “expediente técnico en paralelo” -como lo expresó López Aliag-lo que en las normas de gestión pública representa un riesgo institucional grave. (AP Noticias)
En suma: planificar después de empezar significa que las decisiones técnicas, los impactos, las compensaciones y los procesos de expropiación están en desventaja frente al avance visible. Desde un criterio de buena gobernanza, esto es claramente deficiente.
- Afectación a vecinos y falta de notificación / expropiaciones
Según medios, más de 700 predios debían ser liberados para la obra, incluidas viviendas, parques y losas deportivas. (La República)
En el distrito de Surco, vecinos denunciaron que fueron notificadas multas de más de S/10 000 por supuesta ocupación de áreas, sin negociaciones previas o explicaciones completas. (El Comercio Perú)
Una resolución judicial indicó que los desalojos no podían proceder porque no existía expediente técnico aprobado, lo que deja en evidencia procesos administrativos vulnerables. (infobae)
Es decir: la afectación social (desalojo, cambio de entorno, compensaciones insuficientes, falta de consulta) se ve subvalorada frente a la urgencia de la obra. Esto atenta contra la equidad urbana y la justicia social.
- Transparencia, rendición de cuentas y función política del proyecto
La obra ha sido presentada como símbolo de modernidad para Lima, sin embargo los reportes de irregularidades (sobrecostos, despido de funcionarios que alertaban deficiencias) opacan esa narrativa. (La República)
Que un proyecto de esta envergadura sea impulsado bajo la declaración de “interés metropolitano” y “emergencia” implica que parte del control institucional se ve reducido. Esa condición política dificulta la participación ciudadana, la fiscalización técnica y el control de costo-beneficio real.
Además, inaugurar sin estar completamente listo —o con partes críticas aún en desarrollo— sugiere que el énfasis estuvo en la visibilidad antes que en la funcionalidad. Las denuncias de riesgos viales, falta de señalización y semáforos lo corroboran. (La República)
- Impacto urbano y social
Aunque el argumento oficial es que la Vía Expresa Sur reducirá los tiempos de viaje entre Carabayllo y San Juan de Miraflores a 45 minutos (frente a 2 horas actuales) y mejorará la interconexión con el sistema masivo del Metropolitano y la Línea 1 del Metro, (La República) las falencias técnicas y sociales mencionadas plantean la duda de si esos beneficios se materializarán de forma equitativa.
Si el transporte público masivo no es la prioridad (y el proyecto incluye vías para vehículos privados) y si las comunidades afectadas no son adecuadamente compensadas o integradas, entonces el beneficio será asimétrico: más para quien tiene vehículo o accede rápidamente, meno para quien depende del transporte público o vive en la zona afectada.
Conclusión
Desde una mirada crítica, la Vía Expresa Sur es más que un proyecto vial: es un caso de estudio de cómo una infraestructura puede transformarse en herramienta política si no se gestiona con criterios técnicos integrales, participación ciudadana, transparencia y equidad. Si Lima pretende avanzar de forma sostenible y justa, los organismos públicos deben garantizar que la ejecución de estas obras no sea solo para la foto, sino para la vida de quienes la usamos día a día.
