La Ley N.º 32419, conocida como Ley de Amnistía, fue aprobada por el Congreso el 9 de julio de 2025 y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 13 de agosto del mismo año.

Esta norma concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que fueron investigados, procesados o condenados por delitos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.Se estima que afectaría al menos 156 casos con sentencia firme y más de 600 juicios en curso; miles de víctimas entre familiares, sobrevivientes, comunidades enteras quedarían sin impulso para exigir verdad y reparación

Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia. Diversos especialistas en derechos humanos, como el abogado Christian Huaylinos, afirman que la ley es inconstitucional y que viola los compromisos internacionales del Perú en materia de justicia y derechos humanos. Incluso la Fiscalía advirtió que decenas de procesos en curso podrían quedar inconclusos.

Testimonios judiciales señalan que Kenneth estuvo recluido en una sala de tortura, incomunicado durante varias noches, sin que hasta ahora se haya identificado a los responsables.

Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, Marly reconstruyó la historia con documentos desclasificados y testimonios de exagentes, que confirmaron la existencia de patrullas nocturnas que actuaban al margen de la ley.

“Cada hallazgo fue un golpe. No busco venganza, busco justicia. Mi hermano no puede quedar reducido a una estadística ni su desaparición ser borrada por una ley”, expresó Anzualdo. Para ella, la Ley 32419 representa un retroceso que podría liberar a los responsables directos de la desaparición de su hermano.

En una vigilia frente al Palacio de Justicia, Marly advirtió: “Si cierran estos procesos, se cierra también la posibilidad de saber la verdad. Es como si nos dijeran que todo lo que vivimos no importa”.

La polémica se suma a la aprobación de la Ley APCI, en marzo de 2025, promovida por bancadas como Fuerza Popular y Renovación. Oficialmente, busca prevenir el financiamiento ilícito, evitar el uso indebido de fondos internacionales y garantizar la transparencia de las ONG.

No obstante, especialistas advierten que su verdadero efecto es restringir la acción legal de las organizaciones contra el Estado, lo que limita la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la libertad de asociación.

En un contexto marcado por protestas sociales desde 2022 y con informes como “Perú, el autoritarismo avanza”, la norma ha sido interpretada como parte de una tendencia autoritaria que criminaliza la protesta y reduce derechos fundamentales.

El debate en el Congreso permanece abierto. Mientras algunos legisladores promueven la derogación de la Ley de Amnistía y la Ley APCI, otros defienden ambas normas como un acto de reivindicación hacia las fuerzas del orden.

Más allá de lo jurídico, la controversia refleja un dilema más profundo: cómo el Perú enfrenta su memoria, su historia reciente y su compromiso con la justicia.